La crisis es una realidad que ha afectado por igual a empresas y personas naturales. El endeudamiento que se generó durante los últimos años ha puesto en jaque al sistema económico en España. No obstante el Gobierno aprobó en 2015 el Real Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la carga Financiera.

La Ley de Segunda Oportunidad tiene como objetivo central la conciliación de los intereses entre los acreedores y deudores a través de la negociación. En el caso de demostrar la no existencia de bienes para la cancelación de los compromisos, el juez determinará la posible exoneración de las mismas.

Es necesario destacar que las deudas públicas no se eliminan, quedando vigentes las responsabilidades con la hacienda, seguridad social y pensión de alimentos en el caso de estar divorciado. Sin duda esta medida jurídica trata de reducir la brecha entre las empresas, los particulares y autónomos.  En Loronoasesores.com te explicaremos un poco más sobre esta ley.

Proceso jurídico de la ley 1/2015

Para acogerse a este decreto, es fundamental llevar a cabo un acuerdo extrajudicial. Este paso  será acompañado por un juez, quien a su vez designará a un mediador cautelar que tendrá como función facilitar la negociación entre el deudor y el acreedor. Durante esta fase, el insolvente tendrá la oportunidad de liquidar aquellos bienes y activos que puedan abonar e incluso, se podrá establecer un plan de pago para solventar las deudas adquiridas.

No obstante se sugiere la presencia de un abogado o asesor juridico  que pueda, no solo llevar el caso, sino que además cumpla el rol de asesor. De esta forma, se garantiza un proceso legal más llevadero, correcto y expedito. En el caso de no obtener un resultado equilibrado será posible apelar al concurso de acreedores el cual debe realizarse frente al juez que lo convoque, un abogado y un procurador.

Es importante señalar que, una vez se compruebe la falta de bienes y activos para ser liquidados, el juez podrá exonerar al emprendedor de las deudas privadas. Para poder tener éxito en este proceso, es importante constatar que el deudor ha actuado en todo momento de buena fe.

Por tal razón, la ley establece una serie de pautas que se deben cumplir para que se declare que la persona ha cumplido con todos los requisitos establecidos.

¿Qué es actuar con buena fe?

Este término ha sido uno de los más polémicos introducidos en la ley española. En primer lugar, debemos mencionar que los únicos que pueden apelar a este recurso legal, son aquellos ciudadanos que demuestren que el dinero adeudado no haya sido adquirido o invertido de forma fraudulenta.

Esta comprobación es el último paso de todo el procedimiento jurídico, pues el deudor debe dejar por sentado que ha intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial por todos los medios disponibles.

Por otra parte, es vital que el juez no tenga pruebas sobre un proceso legal intencional por parte del insolvente, o de lo contrario la petición podría ser rechazada. También se debe comprobar  que el emprendedor no haya sido beneficiado por la ley 1/2015 diez años previo al concurso voluntario y mucho menos tener un expediente por acusación de delito contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental e incluso contra los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Opciones laborales de compensación

En el caso de que un deudor rechace las opciones laborales que cumplan con su perfil profesional, el mismo podría privarse de los beneficios de esta ley de segunda oportunidad.

Sin embargo, este elemento también es un punto de debate, pues en el documento legal no se determinan cuáles son los criterios que definirán cuando un trabajo es “adecuada a la capacidad”.

¿Qué es el registro Público Concursal?

Se trata de un registro donde se deja constancia de que el deudor se acoge a la Ley de segunda oportunidad durante cinco años. El mismo podrá ser consultado por todos aquellos que requieran conocer la situación económica del deudor. A esta, podrán tener acceso las oficinas de administración pública, bancos, futuros clientes, así como proveedores.

Esta herramienta jurídica busca reducir el creciente endeudamiento de los particulares y autónomos. Si bien es cierto que aún existen debilidades y hay mucho que debatir, es fundamental entender que de alguna forma se buscan equiparar los derechos con aquellas empresas que tienden a pasar por debajo de la mesa sus deudas.

Si crees que esta ley puede darte una segunda oportunidad, lo mejor es contratar a un abogado que te ayude con todos los tramites, requisitos, documentación y seguimiento del caso.