¿Es ilegal el impuesto de sucesiones y donaciones español?

En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dejado por establecido que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España viola la legislación comunitaria en cuanto a que establece una diferencia de trato entre residentes y no residentes a la hora de aplicar reducciones fiscales.

Dicho fallo condena a nuestro país, y al mismo tiempo responde a un recurso interpuesto contra España en el pasado marzo de 2012 por la Comisión Europea (CE) por el hecho de considerar que ciertos rasgos de la legislación estatal del impuesto de donaciones y sucesiones se mostraban incompatibles con el Tratado de Funcionamiento de la UE con respecto a la libre circulación de personas y de capitales y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Dado que la CE no ha podido demostrar de manera alguna de qué manera la legislación española pudiese afectar a la libre circulación de personas, el Tribunal de Justicia acepta sin inconveniente alguno las alegaciones de España en lo que tiene que ver a dicha libertad. Aun así, el Tribunal de Justicia confirma que dicha libertad «constituye una restricción de la libre circulación de capitales».

Hacienda analiza la sentencia

El Ministerio de Hacienda está “analizando la sentencia”, según lo han confirmado fuentes de la misma organización, quienes han dicho también que aún es demasiado pronto para avanzar futuras actuaciones, aunque se considera la posibilidad de solicitar una especie de informe técnico a la Abogacía de Estado.

Después de dictaminada la sentencia, Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, ha dejado en claro el hecho de que el Ministerio deberá tomar alguna determinación, para poder así adecuar la legislación. Según el mismo Cruzado, lo más razonable en este caso sería aprovechar para modificar la ley de sucesiones y donaciones en todo su conjunto.

El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, también añade que sería beneficiosa una nueva regulación estatal, mediante la cual se elimine de manera definitiva cualquier tipo de discriminación, teniendo en cuenta que existen notables diferencias entre las comunidades autónomas, entre residentes de diversos territorios.

A excepción del País Vasco y Navarra (comunidades con su propio régimen fiscal), en todo el territorio español el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es considerado un impuesto estatal.

Las normas establecidas por las CC.AA. pueden tan solo afectar a los elementos de la liquidación del impuesto, posteriores a la determinación de la base imponible. La CE deja bien claro el hecho de que las autonomías pueden establecer diversas reducciones fiscales, las cuales se aplican solo en el caso de conexión propia y exclusiva con su territorio.

Entonces, por este simple hecho podemos decir que cualquier tipo de donación o sucesión en la cual intervenga una persona que no resida en el territorio español, o bien si dicha persona mantuviese como objeto algún tipo de bien inmueble localizado fuera del país, no podrá beneficiarse de ninguna manera de dichas reducciones fiscales. La Comisión deja bien en claro que esta diferencia de trato es totalmente contraria a la circulación libre de personas y capitales.

La CE, tomando en cuenta que todas las comunidades han ejercido ya su competencia al respecto, sostiene que la carga fiscal que soporta el contribuyente residente en ellas, es notoriamente inferior a la realmente impuesta por la legislación estatal. Dicha carga es solo aplicable en casos de obligación real de contribuir (derivada de adquisición de bienes y derechos), y en aquellos casos en los que las CC.AA, carezcan de competencias o no las hayan ejercido.

La Comisión establece, que la discriminación se da en el mismo momento en el que el donante, fallecido, heredero o donatario no figura como residente del territorio español, y también cuando se habla de donaciones en las cuales el bien inmueble se localiza fuera del territorio, independientemente del lugar de residencia del sujeto pasivo.

Restricción a la libre circulación de capitales

El Tribunal de la UE ha dejado bien en claro que, «al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá», y también que «dicha reducción constituye una restricción de la libre circulación de capitales».

Además, el Tribunal no deja pasar por alto el hecho de que también son consideradas como medidas prohibidas, por el simple hecho de ser contrarias a la libre circulación de capitales, todas aquellas que disuaden a los no residentes del hecho de realizar inversiones en un Estado participe y miembro, o bien de mantener dichas inversiones.

Siempre será necesario, que para ser realmente aceptada, la diferencia de trato afecte a situaciones particulares, las cuales no puedan ser comparables objetivamente o verse justificadas por medio de razones imperiosas de interés general. El Tribunal considera, en el caso del territorio español, que no existe diferencia alguna entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente, la cual sea capaz de sustentar una diferencia de trato, sino que cualquier diferencia de trato relativa a las reducciones podrá dar lugar a una discriminación.

El Tribunal se ha mostrado decidido al momento de no aceptar los argumentos del territorio nacional en base a la persecución del objetivo legítimo la cual avala el hecho de asegurar la eficacia de todos los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal dentro del Espacio Económico Europeo, debido al hecho de que no se ha podido demostrar de manera certera el hecho de que no exista un acuerdo de asistencia mutua.